La República Catalana proclamada el 27 de octubre de 2017 apenas duró 8 segundos, pero fue el punto de inflexión que llevó a miles de empresas catalanas a mover su domicilio fuera de la comunidad.

Los motivos de esta huida eran claros. En caso de que Cataluña hubiera seguido adelante con su segregación unilateral del resto de España, las compañías se exponían no sólo a la inestabilidad política que conllevaba esta situación, sino también a la inseguridad jurídica que suponía quedar en un limbo legal, al margen del marco regulatorio español y europeo.

Además, se exponían al riesgo de perder clientes en el resto del territorio nacional, ante posibles boicots puestos en marcha como respuesta al desafío independentista.

Y las facilidades que puso el Gobierno central para la salida de compañías de Cataluña ante la crisis generada por el ‘procés’ también contribuyó decisivamente al éxodo.

Muchas de las empresas catalanas que decidieron marcharse lo hicieron explicando que se iban hasta que la situación se normalizara, con la promesa de retornar cuando las aguas volvieran a su cauce.

De hecho, algunas lo han hecho, una vez que los partidos nacionalistas han perdido el control del gobierno autonómico y que la pulsión separatista parece apaciaguada, aunque latente, ya que se trata de un problema que dista mucho de estar resuelto.

Sin embargo, el porcentaje de compañías que han vuelto a inscribir su domicilio en suelo catalán tras esta salida voluntaria es exiguo.

Las empresas catalanas no retornan

De acuerdo con los datos recabados por Informa, filial de Cesce, un total de 9.221 empresas catalanas han movido su domicilio fuera de la región desde el cuarto trimestre de 2017, tras el referéndum del 1-O y la proclamación unilateral de la República de Cataluña.

De ellas, sólo 681 sociedades han tomado de la decisión de retornar a su antigua sede en Cataluña. Es decir, apenas el 7,39% de las que se marcharon.

Casi el 82 % de estas compañías se marcharon en 2017 o 2018. En sentido opuesto, el año con mayor número de empresas catalanas retornadas fue 2019, con 113.

Este éxodo masivo de empresas tras la proclamación de la República Catalana se aprecia claramente en la gráfica de evolución de los cambios de comunidad autónoma de los últimos años, donde se ve el importante repunte que se produjo en el último trimestre de 2017 y en los dos primeros de 2018, impulsado por el traslado de compañías catalanas. Según los datos de Informa, en Cataluña se registraron importantes saldos negativos de entradas y salidas de sociedades en dichos periodos: -1.189 empresas en el 4T 2017, -1.435 empresas en el 1T 2018 y -364 empresas en el 2T 2018.

Además, el goteo de empresas fuera de la región aún no se ha detenido. Con 163 llegadas y 247 salidas de compañías en 2024, Cataluña arrojó un saldo negativo de 84 empresas. Y la sangría no para este año, ya que en el primer trimestre de 2025 el saldo negativo fue de 23 empresas: 183 llegadas y 206 salidas.

De este modo, Cataluña fue la región con peor saldo migratorio de empresas en 2024, a bastante distancia de la siguiente comunidad, País Vasco, con un saldo negativo de 45 compañías. En el lado opuesto se sitúa la Comunidad de Madrid, que atrajo el año pasado atrajo a 572 empresas de otras regiones, frente a 391 salidas, lo que arroja un saldo positivo de 181 compañías.

Pese a ello, la región se ha beneficiado del retorno de algunas grandes corporaciones en el primer trimestre de este año, de forma que estos movimientos de cambio de domicilio no han tenido una repercusión negativa en cuanto a las ventas.

Al contrario, pese a arrojar un saldo negativo de entradas y salidas, estos movimientos se han traducido en un aumento de 436 millones de euros en la facturación, ya que las empresas catalanas que han retornado han sido mucho más grandes que las que se han marchado en este arranque del año.

Ante la aparente reticencia de las empresas catalanas a regresar a sus antiguos domicilios, y la importante repercusión en términos económicos, como vemos por las cifras de ventas que mueven aquellas que retornan, Junts quiere forzar al Gobierno central a aprobar medidas que permitan sancionar a las compañías que salieron si no vuelven, además de establecer incentivos fiscales para aquellas compañías que retornen a suelo catalán y para las que han mantenido su sede en la comunidad, como contábamos en este artículo.

Sin embargo, esta opción parece complicada, ya que ni siquiera cuenta con el respaldo de la patronal catalana. Además, es difícil que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea capaz de reunir los apoyos parlamentarios necesarios para sacar adelante medidas como éstas.