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Wallbox recibe otros 15 millones de dólares de inversión

La empresa de origen español Wallbox, especializada en soluciones de carga para vehículos eléctricos (VE) y gestión energética, ha dado a conocer dos recientes operaciones de financiación mediante la colocación privada de acciones de Clase A.

La primera de estas operaciones está protagonizada la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), que ha invertido más de 9 millones de dólares, como parte de una ronda iniciada en febrero de 2025 con inversores privados.

De esta forma, la entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública se incorpora al accionariado de Wallbox, respaldando así su posición como uno de los referentes tecnológicos en la transición energética.

La inversión de la SETT se ha realizado a través del fondo Next Tech, cuyo objetivo es incentivar la promoción y desarrollo de empresas deep tech de alto impacto y transformación tecnológica en sectores estratégicos para nuestro país.

La compañía explica en su comunicado que esta inyección de capital ayuda a fortalecer el balance de la empresa y le aporta los recursos necesarios para acelerar la adopción global de sus soluciones de carga para vehículos eléctricos, para avanzar en la digitalización de sus soluciones y para seguir desarrollando tecnologías punteras que permitan una gestión energética más inteligente y eficiente.

La segunda operación, respaldada por inversores ya presentes en su accionariado, se cerró el 2 de junio de 2025. Así pues, Inversiones Financieras Perseo (filial de Iberdrola) y Orilla Asset Management, junto con el propio CEO y cofundador de Wallbox, Enric Asunción, entre otros, han liderado una segunda ronda de inversión adicional, de más de 5 millones de dólares.

Hay que recordar que estos mismos accionistas ya acometieron una ronda de financiación de 10 millones de dólares en febrero de este año, como informamos en su momento.

«El respaldo de la SETT demuestra su confianza en nuestra visión a largo plazo y destaca el papel estratégico de España en la transición energética global. Esta inversión, junto con el apoyo renovado de nuestros accionistas actuales, impulsa el desarrollo de soluciones avanzadas de carga y gestión energética, al mismo tiempo que impulsa nuestro crecimiento a largo plazo”, afirma Asunción.

Wallbox sabe captar recursos públicos

La startup está mostrando que sabe moverse muy bien a la hora de captar los recursos públicos destinados a la transición energética.

En este sentido, hay que recordar que la empresa ya recibió 4,65 millones de euros procedentes del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC II), como contábamos el pasado verano en EMPRENDEDORES.

El proyecto presentado por Wallbox fue uno de los aprobados en la resolución de la línea B del PERTE VEC II. La inversión obtenida era para el desarrollo de una nueva generación de cargadores públicos ultrarrápidos en su planta de Barcelona.

Y unos meses antes, a la empresa le fue asignado un crédito fiscal de 5,2 millones de dólares, enmarcado en el Programa 48C del Departamento de Energía de Estados Unidos, con el objetivo de apoyar la expansión de su planta de fabricación de cargadores de vehículos eléctricos, ubicada en Arlington (Texas), como recogíamos en este artículo.

Este crédito fiscal forma parte de la ‘Inflation Reduction Act’ desplegada por Estados Unidos, con el que se pretendía estimular la inversión en proyectos de fabricación de energía limpia, como componentes de la red eléctrica, vehículos eléctricos, sistemas solares y otros materiales relacionados con energías renovables.

Dicha ayuda proporcionaba un crédito fiscal de hasta el 30% para proyectos certificados de fabricación de dispositivos que fomentan el uso de energías limpias, siempre y cuando cumplieran con requisitos específicos, como salarios preestablecidos y la participación de la empresa en programas de formación.

Y eso se traduce en una reducción directa de los impuestos que hay que pagar al gobierno. Es como un ‘descuento’ de los impuestos que habría que abonar en caso de no disponer de dicho crédito fiscal.

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