La digitalización del tejido empresarial español avanza con paso firme y gran parte de este cambio está siendo impulsado por dos normativas que suponen la modernización de los procesos de facturación: la Ley Antifraude y la Ley Crea y Crece.

Aunque con objetivos y plazos de implantación distintos, ambas normativas representan un cambio de paradigma para empresas y autónomos, que deberán adaptar su forma de facturar para cumplir con nuevos requisitos legales y técnicos.

La primera en entrar en escena es la Ley Antifraude (Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal), desarrollada a través del Reglamento de Sistemas Informáticos de Facturación (RD 1007/2023).

Esta norma, impulsada por el Ministerio de Hacienda, tiene como objetivo principal evitar el fraude fiscal y garantizar la fiabilidad de los registros contables. Para ello, su Reglamento establece que todos los programas de facturación deberán generar un registro digital por cada factura emitida, asegurando su inalterabilidad, trazabilidad y conservación.

A partir del próximo 29 de julio de 2025, los desarrolladores de software no podrán comercializar sistemas de facturación que no estén adaptados a estos nuevos estándares. Las empresas sujetas al Impuesto sobre Sociedades deberán haber actualizado sus herramientas antes del 1 de enero de 2026, y el resto de empresas y autónomos antes del 1 de julio de 2026. El incumplimiento puede conllevar sanciones de 50.000 euros por ejercicio, por lo que la anticipación y la planificación son clave para estar preparados ante esta nueva obligación.

Por otro lado, la Ley Crea y Crece (Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas) plantea una transformación igualmente relevante en el ámbito de la facturación, aunque a más largo plazo, ya que todavía debe aprobarse el reglamento que establece la obligatoriedad de emitir y recibir facturas electrónicas entre empresas y profesionales y la comunicación del pago de estas facturas.

En este caso, es el Ministerio de Economía el que ha impulsado esta norma, con el objetivo de combatir la morosidad y fomentar la transparencia en las relaciones comerciales. Según el borrador de este reglamento pendiente de aprobación, la facturación electrónica se implementará de forma escalonada: primero, para las empresas que facturen más de 8 millones de euros; y después, para el resto. La previsión es que no empiece a implantarse hasta, como mínimo, inicios de 2027.

A pesar de tratarse de normativas distintas, ambas comparten una consecuencia directa: la digitalización de los procesos de facturación.

En este escenario, si bien el cumplimiento normativo es ineludible, representa a la vez una oportunidad real para modernizar el tejido empresarial, mejorando la eficiencia, la trasparencia, el control financiero y la competitividad. Automatizar la facturación no solo reduce errores o agiliza la gestión: también permite tomar decisiones más informadas y tener un mayor control sobre la evolución del negocio.

El tejido empresarial español está formado, de forma mayoritaria, por pequeñas y medianas empresas, y es comprensible que muchas de ellas perciban estos cambios como una carga más en un contexto económico y normativo ya demasiado complejo: factores como la escasez de talento especializado, la falta de formación o las limitaciones presupuestarias dificultan en muchos casos la adaptación a estas exigencias legislativas.

Por este motivo, es importante que se apoyen en su asesor de confianza para que las oriente y acompañe en este proceso de cambio tanto normativo como tecnológico.

Además, la progresiva incorporación de herramientas digitales está contribuyendo a disminuir la brecha tecnológica entre grandes y pequeñas empresas y, en este camino, iniciativas como el programa Kit Digital han sido claves, impulsando su transformación a través de ayudas para la incorporación de soluciones tecnológicas, incluidas las de facturación.  

En definitiva, lo que hoy se presenta como un desafío legal es también una oportunidad para dar un paso más hacia un modelo económico más moderno, digital y preparado para el futuro. Porque adaptar la facturación no es solo cumplir con la ley: es avanzar hacia una gestión más inteligente del negocio.